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jueves, 5 de junio de 2008

El congreso investigará a Francisco Gil Diaz: Telefónica Movistar

Jueves, 5 de junio de 2008
· Investigar a Gil Díaz, ordena el Congreso
El Congreso instruyó a la ASF a que averigüe si el exfuncionario incurrió en tráfico de influencias, como se desprende de una investigación de EL FINANCIERO.
Rivelino Rueda
Jueves, 5 de junio de 2008

* Debe la ASF determinar si benefició a Movistar siendo titular de la SHCP.
* EL FINANCIERO investigó y dio a conocer el caso.
* La SFP deberá fincar, en su caso, responsabilidades.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, instruir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realice una "investigación exhaustiva", mediante la cual pueda determinarse si durante la gestión de Francisco Gil Díaz como titular de la Secretaría de Hacienda, se tomaron medidas para favorecer a la empresa española Telefónica y a su filial mexicana Telefónica Móviles México.

La resolución de la Comisión Permanente se deriva de una investigación realizada por EL FINANCIERO, cuyos resultados fueron publicados en la edición del 29 de abril de 2008. Destaca un documento firmado por Verónica Gómez Ferro, directora de Roaming de Movistar, fechado el 29 de septiembre de 2006, en el que hace partícipes a los socios de las gestiones con la SHCP que les permitirían "ser la única empresa" con tasa cero. La proposición avalada por diputados y senadores prevé que el máximo órgano de fiscalización del Congreso deberá determinar en sus pesquisas, si tales medidas del exfuncionario foxista causaron algún perjuicio al erario y si en su aplicación se violaron las disposiciones legales aplicables. La Comisión Permanente solicitó también a la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciar una investigación sobre los hechos descritos "para fincar, en su caso, las responsabilidades que correspondan".

El responsable de presentar este punto de acuerdo fue el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien subrayó en su exposición de motivos, que tras darse a conocer estas supuestas irregularidades de Gil Díaz, "se hace necesario que los legisladores hagamos algo pronto y bien para combatir de manera más efectiva la corrupción y el tráfico de influencias de los altos funcionarios que aprovechan sus cargos para favorecer a empresas privadas". Cuestionó que con estas actividades los exfuncionarios "obtienen, a su vez, favores, como un empleo bien remunerado y capacidad de decisión en la cúspide, aprovechando información privilegiada a la que tuvieron acceso como servidores públicos".

El senador campechano afirmó que "existen fundadas sospechas de que el actual cargo directivo del exsecretario de Hacienda, no se debe únicamente a sus probadas capacidades profesionales, sino a favores recibidos por la empresa española Telefónica, cuando fue un funcionario `todopoderoso'". Las decisiones tomadas en materia fiscal durante los últimos meses en los que Francisco Gil Díaz permaneció en el cargo, añadió, "son sorprendentes, por decir lo menos, y lo son mucho más cuando hoy ocupa el más alto cargo directivo de esa empresa extranjera, que resultó beneficiada cuando fue funcionario público. "Efectivamente, apenas dos meses antes de concluir la administración de Vicente Fox, Hacienda estableció un régimen fiscal de excepción, con tasa cero en el cobro del IVA en los servicios de larga distancia internacional de esa compañía, sin una justificación suficiente y en claro detrimento del erario mexicano", recordó. Moreno Cárdenas lamentó, no obstante, que "hay cierta laxitud" en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite que se tomen "decisiones sesgadas" para favorecer a determinadas empresas, y anunció que en breve el grupo parlamentario del PRI en Xicoténcatl presentará una iniciativa de reforma a ese reglamento "para impedir ese tipo de conductas en el futuro".

En el banquillo

En su exposición, el priista presentó una carta -que entregó a la presidencia de la Mesa Directiva- fechada el 25 de septiembre de 2006, en la cual se notifica a los socios de Movistar, que dicha compañía ha sido autorizada a no cobrar ningún impuesto en servicios de roaming, a partir del 10 de octubre de ese año. Indicó además que las explicaciones que Gil Díaz presentó cuando este asunto salió a la luz, "no son suficientes para aclarar lo que pasó y, por el contrario, confirman la necesidad de investigar los términos en que se dieron los hechos descritos".

Kikka Roja

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